En el 2001 el gobierno ecuatoriano cedió ante las presiones de las transnacionales petroleras para concretar la construcción de un nuevo oleoducto de crudos pesados. De nada sirvieron ante las autoridades encargadas los argumentos hechos por diferentes sectores sociales que alertaban de los riesgos ambientales y sociales que implicaba y de que no era una obra necesaria para el país. Los indicios de corrupción en el contrato, la violación a los derechos humanos de las poblaciones, los paros realizados por los trabajadores por los bajos salarios e incumplimientos del contrato, fueron algunos elementos constatados en la fase de construcción.
Actualmente los grupos de poder interesados en feriar los recursos de los ecuatorianos, aquellos que anteponen los intereses económicos privados sobre los derechos de los pueblos, están nuevamente empecinados en desarrollar un proyecto petroquímico en la provincia de Manabí, desconociendo la normativa ambiental vigente, los derechos humanos y la soberanía nacional. El discurso de que tendríamos capacidad de refi nar hasta 300 mil barriles diarios de crudo pesado se lanza y usa de manera irresponsable, desconociendo que el petróleo no ha sido una alternativa real para el país, sino todo lo contrario,el Ecuador está más endeudado y más empobrecido ahora que antes de ser petrolero.
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