¡ALERTA! Consulta ambiental inconstitucional en el cantón Las Naves de Bolívar
¡Más de 90 concesiones pagan regalías!
Quito, 10 de julio de 2023
Desde Acción Ecológica y varias organizaciones indígenas, populares y de derechos humanos, hemos denunciado la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 754 y pedimos que se suspenda los efectos del mismo, por «violar la Constitución y emitir normativa inconsulta y sin debate democrático»; además, porque busca «facilitar procesos de regularización de proyectos mineros violentando los derechos de las comunidades locales y de la Naturaleza»; entre otras irregularidades.
De igual forma, la CONAIE presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para que suspenda este Decreto porque «confunde a la consulta ambiental reconocida en el artículo 398 de la Constitución con la consulta libre, previa e informada a pueblos y nacionalidades indígenas».
Este Decreto fue emitido por el presidente Guillermo Lasso el 31 de mayo de 2023, a través del cual reforma el Reglamento al Código del Ambiente y faculta al Ministerio del Ambiente para que realice procesos de consulta ambiental a las personas que están dentro del área de influencia de un proyecto minero, luego esta entidad «emitirá un informe que determinará si el proyecto puede recibir la licencia ambiental». Entre los proyectos de extracción que esperan obtener licencias está el proyecto Curipamba Sur, ubicado en la provincia de Bolívar, cantones Las Naves, Echeandía y Guaranda, y que está a cargo de la empresa Curimining subsidiaria de Salazar Resources y Adventus Mining.
Defensores de la naturaleza del cantón Las Naves denuncian que el lunes 10 de julio del presente, se pretendió realizar la consulta ambiental en la Unidad Policial Comunitaria (UPC) con la intervención «abusiva» de la Fuerza Pública. Denuncian además, que el Ministerio de Ambiente pretende realizar la consulta ambiental «en sitios donde habitan personas afines a la empresa Curimining, dejando de lado a la gran mayoría de las personas que habitan en las 17 comunidades de ese cantón».
Denunciamos que desde el año 2007, el proceso de defensa del territorio ante las actividades del proyecto minero Curipamba Sur ha estado marcado por la criminalización y judicialización a dirigentes sociales; la polarización de los discursos y categorización antagónica a la población entre “mineros” y “no mineros”; y, la inoperancia e indiferencia de las autoridades del gobierno local y nacional; entre otras.
Por citar un ejemplo, el 04 de mayo de 2023, en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Las Naves, se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de seis personas acusadas de Asociación Ilícita, por parte de la empresa Curimining. Así inició la instrucción fiscal que durará 90 días. El delito de Asociación Ilícita está tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal-COIP, y es sancionado con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. Yaku Pérez Guartambel, abogado de los acusados indicó que “Formar un frente en defensa del agua y de la vida no es un delito…luego de los 90 días se comprobará su inocencia porque ellos no son delincuentes”.
Consideramos que el futuro de esta provincia está en el campo, en su potencial turístico por sus ríos y hermosas cascadas, en la agroecología, en su producción tan diversa, por ello es prioritario cuidar el agua y la biodiversidad de sus territorios. Finalmente, manifestamos nuestra preocupación por la actividad minera ilegal, porque las comunidades no han sido consultadas de buena fe y con respeto a la Constitución, y los gobiernos de turno no toman en cuenta la magnitud de los impactos socio ambientales.
Más de 90 concesiones pagan regalías en la provincia de Bolívar
Únicamente, empresas como Curimining S.A., Yankuang y Sol Gold con su subsidiaria Valle Rico Resources S.A., en conjunto tienen 40 títulos mineros, según el Oficio Nro. ARCERNNR-CTRCM2021-0001-OF del 04 de enero de 2021, emitido por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, en el cual se incluyen unas 93 concesiones para minería metálica que pagan regalías. Por ende, se proyecta que más del 50% del territorio de esta provincia está concesionado, así:
Parroquia Salinas (9 concesiones, empresas Curimining, Valle Rico Resources, Magno Resources y Central Ecuador);
Parroquia San Simón (10 concesiones, empresas EMSAEC, Ecuador Fortescue y Cerro Quebrado);
Parroquias San Lorenzo, Facundo Vela, Julio Moreno, Simiatug (10 concesiones, empresas Valle Rico Resources, Central Ecuador y Newcrest Ecuador);
Parroquias Bilován, Régulo de Mora, Balsapamba, San Pablo de Atenas (10 concesiones, empresas EMSAEC, Minera Tierra de Oro, Valle Rico Resources, Yankuang y Goldenage Investment);
Parroquias San Luis de Pambil, Guanujo, cantón Guaranda (14 concesiones, empresas Curimining, Valle Rico Resources, Cerro Quebrado, Ecuador Fortescue y Magno Resources);
Parroquia San José del Tambo, cantón Chillanes (25 concesiones, empresas Valle Rico Resources, Ecuador Fortescue, Minera del Valle, CENCOMATT, entre estas 11 concesiones a nombre de personas como Choi Jung Yun Sok);
Otras áreas de los cantones Chimbo, Echeandía, Caluma y Las Naves (15 concesiones, empresas Yankuang, Valle Rico Resources, Magno Resources, HANRINE y Curimining).
¡Alerta de Acción Ecológica para la defensa de la vida frente a la minería!
Descarga la alerta en PDF aquí: