ACCION ECOLOGICA A LA OPINION PUBLICA
Durante los 20 años de su existencia, Acción Ecológica se ha identificado con las comunidades y pueblos afectados por la actividad petrolera, por los pesticidas y agrotóxicos usados en las plantaciones, por los intentos de la minería de establecer sus actividades en el país, por el ingreso de transgénicos, por la producción de biocombustibles etc.
Y no sólo hemos acompañado a las comunidades y pueblos en la reivindicación de derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, sino que Acción Ecológica ha aportado en los procesos constituyentes y de generación de leyes para posicionar los derechos de las personas y de la naturaleza, ha aportado su conocimiento en escenarios internacionales en los que el Ecuador reclama por afectaciones causadas en su territorio, como se recuerda en relación con las fumigaciones realizadas en la frontera con Colombia.
Aunque con una postura crítica de las políticas lesivas de los derechos a la naturaleza, la salud, el ambiente sano, la alimentación, entre muchos otros, fundamentada en nuestra convicción de que el buen vivir depende de estar realmente en armonía con la naturaleza, no puede dudarse que hemos hecho un uso responsable del derecho a la participación positiva y constructivamente en la formación de un régimen verdaderamente democrático.
La derogatoria de la personería Jurídica de Acción Ecológica es un acto arbitrario que notoriamente viola el debido proceso y el derecho fundamental a la asociación, pero más profundamente, simboliza la enorme vulnerabilidad que tienen las organizaciones y movimientos sociales y los grupos étnicos en el escenario institucional actual.
La consecuencia de pretender cerrar organizaciones como la nuestra, impacta directamente en la Democracia y convierte a la Constitución en un cúmulo de hojas desprovistas del sentido edificador de un nuevo Estado que el país legitimó en el referendo aprobatorio de octubre pasado.
Si es que la prohibición de nuestra personería jurídica responde a retaliaciones por la oposición de nuestra organización a políticas de este régimen como la minería a gran escala, la ampliación de la frontera petrolera, etc., sería un precedente de autoritarismo que no es tolerable en un régimen democrático.
Lo que ha sucedido trasciende de ser un asunto meramente administrativo, los argumentos usados en el acuerdo ministerial no se sostienen al más mínimo examen legal o racional. Acción Ecológica ha cumplido con todos los requerimientos legales vigentes, como la presentación de informes anuales y cambios de directiva al Ministerio de Salud; incluso estamos ya registrados en la nueva base de datos de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que actualmente está en proceso de creación (y para la cual todavía no ha vencido el plazo fijado).
La solución planteada por la Ministra de Salud, de que sea el Ministerio de Ambiente el que registre a Acción Ecológica es inconducente, pues el cambio de entidad reguladora no resuelve el argumento de que «no cumplimos con los fines para los que fuimos creados». Acción Ecológica ha cumplido con los fines de defensa de los derechos ambientales de las personas para los que fue creada en forma permanente y consecuente, a pesar de las continuas amenazas que ha recibido por parte de quienes se han sentido afectados por estas acciones, tal y como lo confirman los cientos de apoyos recibidos por los colectivos nacionales e internacionales que luchan por el ambiente.
Nosotros no cambiaremos nuestros fines, y tampoco nuestras prácticas.
Acción Ecológica impugna esta decisión por arbitraria y persecutoria y apelará a las instancias nacionales e internacionales que sean necesarias para que el acuerdo ministerial se revierta inmediatamente, para garantizar la seguridad de los integrantes de nuestra organización y de las comunidades con las que trabajamos y para que se garantice y proteja a todos los colectivos que luchan por sus derechos y los de la naturaleza en el Ecuador.
Mayor información
Ivonne Ramos
1707901573
Presidenta
ACCION ECOLOGICA