9na RONDA INSCONSTITUCIONAL

Este nuevo intento de licitación petrolera atropella los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la Península de Santa Elena

La 9na. Ronda de licitaciones petroleras que se desarrolla el día de hoy en el Swiss Hotel en Quito está viciada de nulidad, pues viola las normas constitucionales que establecen los derechos colectivos de los pueblos ancestrales del Ecuador. El proceso es impugnado no solo por la organización de comunas de la nacionalidad huancavilca de la zona, sino por otros sectores de la población local (operadores turísticos, agricultores, pescadores artesanales) y por organizaciones ecologistas como Acción Ecológica. Estas organizaciones no descartan la presentación de un Amparo Constitucional para frenar el proceso.

Esta nueva edición de adjudicaciones petroleras está ofertando 4 bloques en el litoral del país: el 4, 5, 39 y 40. El Bloque 5 incluye 200.000 hectáreas en la península de Santa Elena, en territorios que han ocupado históricamente los miembros del pueblo huancavilca, donde ha subsistido por siglos la organización comunitaria y otros rasgos culturales de su identidad étnica. El Bloque 4, de 300.000 hectáreas combina un área de tierra firme con una zona marina. Los bloques 39 y 40 se encuentran en la zona del Golfo de Guayaquil.

La 9na. Ronda generaría impactos sociales y ambientales no solo en tierra firme sino también en el área marina del Golfo de Guayaquil, donde estaba en estudio una declaración de área protegida. En tierra firme, afectará las actividades agrícolas de la zona, a la que se dedican no solo las comunas huancavilcas ancestrales, sino también agricultores de origen mestizo.

Recientemente, se puso en operación un sistema de riego que potenciaría la capacidad productiva de la zona. Las playas también serían afectadas, lo que perjudicaría a las actividades turísticas de sitos como General Villamil (Playas), que son el principal destino turístico de la provincia y son fuente de ingresos para un amplio porcentaje de la población. Las actividades petroleras en el mar alterarían uno de los ecosistemas más ricos no solo del país, sino del continente. El estuario del Golfo de Guayaquil es el más grande y biodiverso del continente: además de su flora y fauna endémica, son destino migratorio de especies en vías de extinción como ballenas y tortugas marinas. Su destrucción afectaría gravemente las actividades de los pescadores artesanales.

Como un trágico círculo que se cierra, la explotación petrolera quiere regresar al sitio donde empezó, la Península de Santa Elena, para repetir la historia de 30 años en la Amazonía ecuatoriana. Nuevamente, quieren intervenir un área natural de altísima biodiversidad y con uno de los mejores climas del mundo, con una de las industrias más contaminantes y destructivas del planeta. Nuevamente, quieren atropellar los derechos de los pueblos ancestrales del Ecuador, violando sus territorios y alterando sus formas de vida. Nuevamente, quieren entregar a las empresas transnacionales un patrimonio nacional, después de que los mismos trabajadores petroleros han denunciado el pésimo negocio para el país de las adjudicaciones
petroleras.

Usando las mismas tácticas que han desarrollado las empresas petroleras transnacionales en la Amazonía ecuatoriana, Petroecuador («nuestra» empresa petrolera) está manipulando a la población local para crear una farsa de consulta previa, evadiendo los requisitos que establecen los derechos colectivos de los pueblos indígenas, reconocidos en la Constitución de la República vigente desde 1998, e ignorando flagrantemente la expresión de oposición de las poblaciones locales. Su «brillante» método ha sido negar la condición de pueblos indígenas de las comunas ancestrales asentadas en la península de Santa Elena, a pesar de que esta nacionalidad está representada en la CONAIE, en el CODENPE (organismo estatal) y que en los mismos mapas sobre los territorios indígenas que publica Petroecuador en su página web, aparecen los de la nacionalidad Manta-Huancavilca en la costa ecuatoriana.
Además, trata de desconocer a la organización legítima de las comunas (la Federación de Comunas de la Provincia del Guayas), crear organizaciones paralelas o fantasmas, y negociar con sectores aislados de la sociedad civil para romper la resistencia a las actividades petroleras que desde el inicio han expresado tajantemente las poblaciones locales.

La convocatoria a la 9na. Ronda de Licitaciones Petroleras insiste en la profundización de un modelo de desarrollo que se ha revelado perverso y contraproducente: la sobreexplotación de los recursos naturales. 30 años de explotación petrolera en el país, durante los cuales los indicadores sociales no han hecho otra cosa que empeorar y la deuda externa ha aumentado exponencialmente, deberían dejarnos claro que esa no es la vía para el mejoramiento de las condiciones de vida de los ecuatorianos, menos aun de quienes tienen que soportar en sus propios territorios la infame actividad petrolera. No podemos permitir que nuevamente se destruya el patrimonio de todos los ecuatorianos y de las generaciones venideras, y se afecte gravemente actividades sustentables como la agricultura, la pesca artesanal y el turismo, a nombre de una promesa de desarrollo que a todas luces es falsa.

Como expresó un campesino del área de Lago Agrio afectado por las actividades petroleras: «El petróleo genera riqueza, pero no para quienes lo venden sino para quienes lo compran».